Mientras las mujeres adultas suelen ser cooptadas mediante falsas ofertas de empleo o relaciones sentimentales engañosas, entre niñas, niños y adolescentes predomina el llamado "enganche familiar".
"Siete de cada 10 víctimas de trata son mujeres y aproximadamente el 44 % son menores de edad", señaló Gabriela González García, directora encargada del Programa Nacional contra la Trata de Personas del Consejo Ciudadano.
"La principal forma de cooptación sigue siendo persona a persona y predomina hacia mujeres el tema del enamoramiento. Por desgracia, en niñas, niños y adolescentes predomina el enganche familiar, es decir, el propio tratante es el papá, la mamá o alguien de la familia", detalló.
Activistas, integrantes de organizaciones civiles y ciudadanos marcharon en Ciudad Juárez para visibilizar la trata de personas. Foto: Cuartoscuro
En entrevista con Animal Político, la funcionaria compartió que este delito —cuando las víctimas son menores de edad— ha evolucionado hacia el ámbito digital, lo que se ve reflejado en un incremento del 86 % en el último año en reportes relacionados con la producción y distribución de material de abuso sexual infantil.
Esta problemática tuvo un repunte exponencial durante la pandemia que representó un cambio radical en la demografía de las víctimas de trata, explicó por separado Mitzi Cuadra, directora operativa de la Asociación Nacional Contra la Trata Humana en la Sociedad (ANTHUS).
Antes de la crisis sanitaria, el 70 % de la población atendida por ANTHUS eran mujeres adultas y el 30 % menores de edad; sin embargo, la precarización económica generalizada en los hogares transformó por completo estas cifras.
El 30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas. Foto: ONU
Durante el primer año de pandemia la proporción se equilibró a un 50-50 y posteriormente se disparó e invirtió hasta alcanzar entre un 80 % y 90 % de víctimas entre los 13 y 15 años de edad.
"De ese porcentaje sí podría decirte que más menos un 60% eran explotadas por las propias madres, o sea, esto responde también a un sistema patriarcal que nos dice, 'bueno, si te quedas pobre y eres un hombre, siempre podrás lavar coches', (…) y para las mujeres es como 'bueno, si un día no tienes para comer, la prostitución siempre es una opción'", explicó Cuadra.
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De acuerdo con el blog de datos e incidencia política de la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM), en 2019 hubo 207 menores de edad víctimas de trata en todo el país, mientras que para 2022 la cifra alcanzó 433, un incremento superior al 100%.
El año pasado se registraron 301 víctimas menores de 18 años. Y aunque el número de casos reportados muestra un descenso, asociaciones y las autoridades estiman que la cifra negra del delito de trata en México oscila entre el 96 % y el 99 %.
Las infancias en México no solo son víctimas de trata —siendo sus padres muchas veces sus propios agresores—, sino que también son víctimas de violencia sexual por parte de estos.
Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, informó que 8 de cada 10 denuncias de abuso sexual contra niñas y niños ocurren dentro de entornos considerados de protección: la casa, las escuelas, las iglesias y los centros deportivos.
"Hay algunos casos documentados —aunque no tengo evidencia de que sea una tendencia creciente o de que ocurra masivamente— en los que incluso mujeres generan materiales de abuso sexual infantil utilizando a sus propios hijos e hijas (…) También familiares generan contenido de abuso sexual infantil con sus propios hijos e hijas y después lo venden mediante contactos en plataformas como Telegram o en la llamada web profunda", alertó el experto.
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Aunque la mayoría de los casos de explotación infantil empiezan desde casa, con madres y padres de las víctimas como sus tratantes, otra parte de los enganches de menores se da a través del mundo digital.
Los delincuentes utilizan redes sociales, videojuegos y plataformas de internet para contactarlos, logrando —muchas veces— que niñas y niños envíen una primera imagen bajo engaños; posteriormente, los extorsionan exigiéndoles dinero o más fotografías.
Ante el miedo a ser regañados por sus familias, son los propios menores de edad quienes terminan buscando auxilio pues no saben cómo salir de la situación.
En marzo pasado, Animal Político publicó este reportaje sobre el Colectivo DLR, fundado por Andy Torres, que había logrado la inhabilitación de al menos 90 mil grupos y páginas en donde se compartía contenido íntimo de mujeres y material de abuso sexual infantil.
En 2019 hubo 207 menores de edad víctimas de trata en el país; en 2022 la cifra alcanzó 433. Foto: ONU
Del total de casos que el Colectivo DLR recibe, el 90 % son de mujeres adultas. El 10 % restante es de casos relacionados con menores de edad (entre los 11 y los 15) quienes, detalló el fundador del colectivo, los contactan directamente pidiendo ayuda por amenazas, difusión de contenido íntimo o casos de ciberbullying.
En este sentido, Pérez García, de Tejiendo Redes de Infancia, señaló que a pesar de que las plataformas digitales se comprometen a eliminar el material de abuso sexual infantil, es muy poco probable que desaparezca por completo.
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"Las colegas que han analizado este tema muestran que, además de que la eliminación de contenidos es tardadísima, el material vuelve a aparecer con otro nombre, con una marca de agua o con algún otro cambio. Para el algoritmo o para el sistema de reclamación ya se trata de otro video", explicó.
Incluso, compartió, la empresa Meta realizó un estudio interno por la gran cantidad de denuncias relacionadas con materiales de abuso sexual infantil y encontró que "9 de cada 10 materiales denunciados son reenvíos o versiones modificadas de un mismo contenido, no necesariamente materiales nuevos (…) lo que representa un desafío enorme", insistió.
Hablar sobre el papel de las madres de familia que deciden prostituir a sus hijas no es un tema sencillo. Es una realidad que hay que observar y analizar tomando en cuenta el contexto social, de género, económico y geográfico.
Mitzi Cuadra, de ANTHUS, considera importante reconocer que el actuar de estas mujeres sí puede ser una decisión propia y no necesariamente hay un hombre detrás de ellas, como suele pensarse.
"Hemos tenido muchos casos de mamás explotadoras (…) y hemos luchado mucho contra corriente de que las mujeres no pueden ser agresoras ", subrayó.
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Consultada por separado, Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios, pidió no reducir el debate únicamente a que las mujeres también son agresoras, se pierden de vista las condiciones que permiten que esas violencias ocurran y, por lo tanto, también se limita la capacidad para atenderlas y prevenirlas.
"Por supuesto que las mujeres también pueden ser agresoras, explotadoras o incluso formar parte de redes de trata. Siempre lo hemos reconocido desde el feminismo porque negarlo sería desconocer la realidad y también invisibilizar a las víctimas. Pero también el feminismo nos lleva y nos aporta otra pregunta que me parece súper importante. ¿Cómo entendemos esa violencia?", cuestionó la experta.
"Cuando hablamos, por ejemplo, de una madre que explota sexualmente a su hija o su hijo, la responsabilidad es plenamente de esa madre y debe responder por ello. Pero el análisis no debería ni puede terminar ahí, necesitamos tener muy clara cuáles son esas dinámicas de poder que están presentes", abundó.
Activistas e integrantes de organizaciones civiles marcharon en Ciudad Juárez para llamar a la población a denunciar la trata de personas. Foto: Cuartoscuro
La primera entrega de este reportaje publicado en Animal Político dio a conocer que una de cada tres víctimas de trata es enganchada a través de una falsa oferta de empleo y cómo el uso de internet ha facilitado que los tratantes puedan tener a más de una víctima a la vez.
El texto documenta el largo camino de las víctimas para reconocerse como tales, hecho por el cual, en ocasiones optan por dedicarse al trabajo sexual.
Ya sea en un refugio de puertas cerradas o abiertas, las mujeres sobrevivientes de trata cuentan con pocos espacios en todo el país para ser atendidas.
Uno de ellos es el de ANTHUS, asociación nacional fundada en 2013 por Mariana Wenzel.
De inicio, era de puertas cerradas; sin embargo, la abrumadora llegada de infancias obligó a la asociación a replantear la forma en que el Estado y las organizaciones atienden a las niñas y adolescentes, por lo que debieron cambiar el modelo a un refugio de puertas abiertas.
"Fuimos especializándonos en acompañar procesos y adecuándonos a la necesidad de la víctima; insisto, poniéndola al centro e incorporando estas perspectivas como parte de lo que puede apoyar al proceso, llamémosle de agencia, de ese niño o niña y de continuar con su proyecto de vida", compartió Mitzi Cuadra de ANTHUS.
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Y aunque cuestionó la efectividad de los refugios que trabajan a puertas cerradas, especialmente para la atención de menores de edad, al considerar que "operan prácticamente como centros penitenciarios", Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios, defendió su operación.
Cada caso, sostuvo, merece una atención especial poniendo de frente, por sobre todas las cosas, la seguridad de las víctimas, sin que esto se interprete como una sanción.
"Equiparar estas medidas de protección con una cárcel puede generar no solamente desconfianza hacia los servicios que han salvado miles de vidas, sino invisibilizar, por ejemplo, el perfil de los agresores, ¿no? En nuestro caso, en la Red Nacional de Refugios hemos documentado que los agresores de las mujeres que acompañamos, el 40 % de ellos, tienen lazos con el crimen organizado, usan armas de fuego, tienen lazos políticos, militares e incluso han estado en la cárcel", compartió.
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La autonomía de las víctimas, en especial de las menores de edad —explicó—, no depende de que las puertas de ese espacio de protección estén abiertas o cerradas, sino del modelo de intervención que ofrezca cada refugio.
Lo importante, reiteró, es poner a la víctima en el centro como una sujeta de derechos a quien se le pueda acompañar en su camino hacia una vida autónoma.
"La autonomía se fortalece durante todo el proceso mediante acompañamiento psicológico, jurídico, social, educación financiera feminista, fortalecimiento de redes, empleabilidad y planes de vida. Protección y autonomía no son conceptos opuestos", subrayó.